En la mesa técnica que se ha celebrado esta mañana para tratar las especialidades y plazas a convocar de cara a las oposiciones de 2020, desde UGT queremos destacar la poca capacidad negociadora que ha presidido la reunión. De hecho, hasta mitad de la reunión no han dado lugar  a negociar y debatir las propuestas que todos los sindicatos de la Junta de Personal (excepto el TU) hemos enviado en días anteriores tal y como se nos solicitó por parte de la Administración.

Finalmente, después de casi 5 horas de reunión, la propuesta casi definitiva es la siguiente:

En otro orden de cosas, se nos ha comunicado lo siguiente:

* Oposiciones a Cátedra: No serán ejecutadas hasta la convocatoria de 2021 pero se negociará durante el 2020.

* En estas oposiciones se convocarán las 10 plazas de Audición y Lenguaje que quedaron vacantes en las anteriores oposiciones y se ejecutarán en las oposiciones de 2021 (Maestros).

* En esta convocatoria se convocarán 5 plazas para el servicio de Inspección educativa (promoción interna), que se ejecutarán en 2021.

* Una cuestión importante a tener en cuenta y con la que UGT no está en absoluto de acuerdo es que las plazas que inicialmente se iban a convocar en 2022 (según la última propuesta de la Consejería), a última hora la Consejería ha decidido convocarlas en su totalidad para la presente convocatoria.   Desde UGT nos parecía más seguro que se incluyeran en esta convocatoria y se ejecutaran en 2022 porque así se aseguraba que en ese año se mantendría el actual sistema transitorio de oposiciones, que aumenta el peso de la experiencia docente, que incluye 5 bolas de elección de tema, etc. De esta manera, no se asegura que el sistema de oposiciones, con la inestabilidad política que hay, se mantenga…con lo que esto supondría para todos los opositores. Si se hubieran convocado y reservado su ejecución para 2022 se obligaba a que el sistema de oposición fuera el mismo, ya que son plazas de estabilidad y deben tener el mismo sistema de acceso.

  • La plaza de Guitarra está en duda aún ya que la Administración no considera sacarla de forma definitiva.