Las movilizaciones convocadas hoy por FESP-UGT y CCOO para desbloquear el convenio del sector de Atención a Personas con Discapacidad han resultado un éxito. Miles de personas han secundado en toda España las protestas con las que se quiere obligar a la patronal a iniciar un proceso negociador real, que aborde las necesidades de empleo, la recuperación de derechos laborales, la conciliación laboral y familiar y las mejoras salariales de un colectivo formado por más de 220.000 empleadas y empleados, en su mayoría mujeres, que desempeñan sus funciones laborales en centros especiales de empleo, centros de atención especializada y centros educativos, en cerca de 4.000 empresas repartidas por todo el país.
En Cantabria, los Trabajadores del sector se han concentrado ayer Martes 10 de Abril frente a la Delegación del Gobierno para denunciar la «precariedad» de sus empleos y «reclamar unas condiciones de trabajo dignas». Con este gesto, FeSP-UGT y CCOO han querido denunciar la actitud inmovilista de las patronales del sector y la falta de respuesta a las propuestas planteadas en el XV Convenio Colectivo de Atención a Personas con Discapacidad, que, tras un año de iniciadas las negociaciones, se encuentra en punto muerto ante los discursos caducos defendidos por las patronales del sector.
La Pancarta «Personal de la discapacidad en lucha» engloba una demanda en la que incluyen la recuperación de derechos laborales, medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, y también mejoras salariales después de «años sufriendo una pérdida de poder adquisitivo». Según explicaron, en ocho años los salarios «tan solo» han aumentado un 2%. Una situación que afecta en Cantabria a unos 2.000 personas que trabajan en una docena de empresas y fundaciones de la región.
Los dos sindicatos denuncian que la dignidad de estos profesionales no se ve reflejada en sus condiciones de trabajo ni en sus retribuciones, que han sufrido importantes pérdidas de poder adquisitivo. La precariedad laboral, además, no solo tiene efectos en las trabajadoras y trabajadores, sino que también incide de manera directa en la calidad del servicio público que reciben las personas usuarias y sus familias.
Los y las profesionales del sector no estamos dispuestos a seguir asumiendo los costes de una “crisis” que los trabajadores no generamos y que las patronales, en complicidad con las Administraciones, parecen estar en disposición de seguir perpetuando.