El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reivindica un sistema de ingreso que responda al Acuerdo firmado para la estabilidad de los puestos docentes

El pasado 29 de marzo, UGT, junto a otras organizaciones sindicales, firmó un Acuerdo con el Gobierno que recoge medidas en materia de reducción de empleo temporal y que ayudará a dar estabilidad a las plantillas y a reducir la tasa de interinidad hasta alcanzar el 8% en tres años.

Para conseguir este objetivo se deben articular procesos selectivos que respondan tanto a las necesidades de nuestro sistema educativo, como a las ofertas de empleo público que se han pactado.

Además, en el ámbito parlamentario se está trabajando sobre un posible Pacto de Estado por la Educación que debería conducir a una nueva ley educativa. Aunque, a nuestro juicio, incluso sin pacto, la LOMCE debería ser sustituida por una nueva ley que tuviera el mayor respaldo social y político posibles.

Tanto el acuerdo como el momento político que vivimos están generando expectativas en miles de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza y también en quienes legítimamente aspiran a serlo. Por eso, conviene, desde el rigor, hacer las siguientes consideraciones:

Desde 1990 (año de promulgación de la LOGSE), se han articulado dos procedimientos de ingreso a la función docente que podemos calificar de extraordinarios: las convocatorias de 1991 a 1993 y el Sistema Transitorio de 2007 a 2011. Ambos sistemas tuvieron carácter transitorio, se correspondían con la aprobación de nuevas leyes educativas y con una situación de tasas de interinidad superiores al 20%,  insoportables para el sistema educativo; contexto similar al que vivimos hoy.

El formato de los dos sistemas fue el de concurso-oposición respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. En ningún caso se trató de un acceso diferenciado o “doble vía”. Hay jurisprudencia del TC sobre el acceso diferenciado que imposibilita arbitrar este procedimiento para el ingreso en la función pública docente.

UGT consiguió en 2007 (tras la promulgación de la LOE en 2006) el mejor sistema de ingreso en la historia reciente de nuestro país. En ese momento se planteó un sistema transitorio que facilitó la entrada del profesorado interino, reduciendo la precariedad en el empleo. Más del 85% de este profesorado superó con éxito el proceso selectivo.

Para el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, en la situación actual aquel sistema transitorio puede ser el marco de referencia para construir un nuevo modelo que dé respuesta a la situación excepcional que se plantea.
Defendemos un sistema de ingreso basado en los siguientes parámetros:

•    Pruebas no eliminatorias en la fase de oposición, en las que habría que obtener al menos una calificación de cinco.

•    Aumento del peso de la fase de concurso, frente a la fase de oposición, en la calificación global del procedimiento selectivo, respetando el equilibrio de méritos, capacidad e igualdad.

•    Valoración máxima en la fase de concurso de la experiencia docente, hasta los límites legales permitidos.

•    Aumento de la optatividad para elegir el tema y la unidad didáctica a defender.

 

Junto a estas condiciones básicas, se deberá dar respuesta a la situación de los interinos docentes mayores de 55 años.

Asimismo, se han de establecer mecanismos de negociación entre las distintas comunidades autónomas que permitan acompasar las Ofertas de Empleo Público en lo que respecta a Cuerpos y Especialidades a convocar.
UGT ya ha solicitado al Ministerio que inicie con las organizaciones sindicales la negociación del nuevo sistema de ingreso que requiere el desarrollo del acuerdo Gobierno-Sindicatos. Es competencia del MECD cumplir su parte del compromiso, aunque parece que el ministro no se acaba de enterar.

También las comunidades autónomas deben exigir que se inicien las negociaciones. Los cuerpos docentes a que hace referencia la LOE tienen carácter estatal y, por ello, el sistema de ingreso es competencia del Gobierno, previa negociación con los representantes de los trabajadores y trabajadoras y acuerdo con los gobiernos autonómicos.

Las comunidades autónomas tienen la competencia en la gestión y organización de los recursos y en las ofertas de empleo público y a través de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas están también comprometidas con el Acuerdo de 29 de marzo.

 

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